Autonomía y sus ¿limites?

Juan Carlos Tristán
Estudiante de derecho, UCR.
Escritor asociado de Economía y Política.

A raíz del reciente Campo Pagado por las Autoridades Universitarias de la UCR publicado en pagina completa de La Nación el pasado 31 de julio (pag. 29A), me alarma el desacato de dicho centro educativo ante la prohibición expresa para la Universidad de pautar en medios de comunicación masiva, según la resolución 1617-E-2007 del TSE, al igual que se permitió el pasado 21 de julio actividades de partidarios del No en la Sede Deportiva de la Universidad, también en contradicción a lo dicho en la resolución recién mencionada.

Mas allá de la discusión sobre el acato o no por parte de la UCR a dicha resolución, me interesé en discutir el alcance la Autonomía Universitaria que alegan las autoridades de dicho centro de educación superior en el mencionado campo pagado, siendo que se escudan en la autonomía para realizar proselitismo y continuar con el adoctrinamiento hacia el NO en las aulas.

Partiendo de que la Universidad alimenta su presupuesto con los impuestos pagados por todos los ciudadanos, es decir que los fondos que recibe la UCR por parte del erario público y su utilización igualmente pública, hace que dichos fondos tengan la connotación jurídica de fondos públicos.

Equívocamente la rectora de la UCR, Yamileth González, y las ocurrentes y no mas acertadas manifestaciones del señor Eugenio Trejos (su homologo del TEC), nos han hecho pensar que la Autonomía Universitaria aísla a los centros de enseñanza publica superior del ordenamiento y los desliga del mismo, incluyendo en esta errónea interpretación de autonomía, el control de la legalidad en el uso de los fondos Universitarios, cayendo así en una interpretación abusiva del concepto de autonomía, y contribuyendo a la información tendenciosa que se brinda al estudiantado.

Mas aun, si regresamos a revisar la voluntad del Constituyente de 1949, vemos que el Sr. Rodrigo Facio dijo: “la independencia en el sentido de desligamiento completo no existe en el régimen de las autonomías, ni podría existir”. Asimismo con respecto a la utilización de Fondos Públicos el legislador constituyente, a pesar de otorgarle a la Universidad autonomía económica dijo que esto no significa que como institución pública que es, no deba dar cuentas del uso que hace de los recursos públicos que le son trasladados, sino que lo que se hace es determinarles un destino específico: la educación superior universitaria, lo cual parece que lamentablemente han confundido con el adoctrinamiento y politiquería en las aulas y fuera de ellas.

Tal y como en su momento lo menciono el Dr. Eduardo Ortiz Ortiz, “La autonomía universitaria, en sus componentes políticos, organizativos, de índole administrativa y reglamentarios se refiere a la materia u objeto de ella: lo académico. Este último concepto se convierte en su límite y marca su dominio en lo relativo a la enseñanza, la investigación y su acción social”. Lo cual parece que las autoridades universitarias han olvidado, precisamente su objeto, la educación.

La Autonomía Universitaria es valida en sus tres manifestaciones: docente, administrativa y económica, y aplica plena y únicamente a las funciones que hayan sido puestas bajo la competencia universitaria, es decir la Universidad no es autónoma frente al Estado en todas aquellas materias extrañas o diferentes a su especialidad funcional o sustantiva. Por tanto para efectos de utilizar fondos públicos para difundir información en contra del tratado se encuentra más allá de los alcances de la autonomía universitaria.

En documento preparado con fecha de febrero de 2007, por la Contraloría Universitaria denominado “La Autonomía Universitaria, sus Alcances y Limites” concluye que la autonomía es un grado de libertad no absoluta sino que está limitada por el ordenamiento jurídico. Este último concepto se convierte en su límite y marca su dominio en lo relativo a la enseñanza, la investigación y su acción social.” Por tanto deja claro que emitir información parcializada en contra del TLC como ya ha sido denunciado en múltiples ocasiones va más allá del alcance de la Autonomía Universitaria.