Estimados amigos:

Juan Carlos Tristán
Escritor asociado de Economía y Política
Estudiante de derecho, UCR

Como recuerdan hace como un mes realizamos una consulta al TSE, la misma fue elaborada por Juan Carlos Tristán e interpuesta por Fernando Orozo en representación de la AED.

Les comparto con alegría un extracto de la resolución que notificó el día de hoy el TSE a la AED. (Adjunto resolución completa) *** VER NOTA[1]

“Aclaración pedida por el señor Fernando Orozco Salas, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica:El estudiante Fernando Orozco Salas, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica, pregunta sobre los siguientes aspectos:

“I.¿Qué extremos de la resolución antes mencionada aplican para los funcionarios de la Universidad de Costa Rica?

¿Qué recursos económicos y humanos podrá utilizar la Universidad de Costa Rica para publicidad respecto al TLC?

¿Se podrán utilizar horas laborales para realizar dichas funciones de publicidad?

¿De qué manera se regularan (sic) los espacios en Radio Universidad, Canal 15 y Semanario Universidad, siendo que los mismos se financian con fondos públicos?

¿Cómo se reglamentará la publicación de campos pagados por parte de la Universidad en medios masivos para realizar publicidad con respecto al TLC?

¿Puede la Universidad de Costa Rica realizar conferencias exponiendo el criterio ya emitido por el consejo universitario de rechazo al Tratado de libre comercio utilizando para ello los auditorios de las distintas sedes y empleando algunos de sus funcionarios a tiempo asalariado para ello?”

En primer término, de la relación armónica de los numerales 84 de la Constitución Política, 1 inciso 4) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 111 de la Ley General de la Administración Pública, es indudable que quienes laboran en la Universidad de Costa Rica ostentan la condición de servidores o funcionarios públicos. Consecuentemente, los extremos de la resolución n.º 1119-E-2007, en tanto atañen a la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan participar en los procesos de referéndum, les son aplicables en todos sus extremos.
Lo anterior no significa, respecto de las preguntas dos y tres de esta consulta, que el funcionario universitario pueda hacer uso de recursos públicos para apoyar o financiar las campañas a favor o en contra de la consulta que interesa, lo cual, a la luz de la trascripción del artículo 24 del “Reglamento para los procesos de referéndum”, constituye una prohibición expresa cuya trasgresión, de comprobarse, ha de ser sancionada según lo que determine la Contraloría General de la República y la normativa interna de la Universidad. En esa misma línea, no es dable utilizar horas laborales para promocionar o participar en las mencionadas campañas, salvo que se cuente con el permiso de la jefatura que corresponda, según ya fue reglamentado.
En lo que atañe a la regulación de los espacios en Radio Universidad, Canal 15 y Semanario Universidad (pregunta n.º 3), deberá estarse a lo dispuesto en el reglamento de marras según se expone seguidamente: a) la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica costarricense pueda pautar en los medios de comunicación espacios propagandísticos a favor o en contra del proyecto sometido a consulta está sujeta a que el total de los aportes contabilizados, a partir de la convocatoria, no exceda de veinte salarios base (artículo 19); b) los viernes de cada semana, en el período comprendido entre la comunicación oficial de la convocatoria y el día en que se lleve a cabo el referéndum, los medios de comunicación deben informar al Tribunal de todos los espacios de propaganda que hayan sido contratados en esa semana con inclusión del nombre, número de cédula y datos pertinentes para la localización de la persona responsable de la publicación (artículo 20); c) los medios universitarios deben remitir al Tribunal las tarifas vigentes dentro de los tres días hábiles posteriores a la comunicación oficial de la convocatoria, con indicación de cualquier cambio de dichas tarifas (artículo 21).
Sobre las preguntas 4 y 5, cabe apuntar que no está permitido que la Universidad de Costa Rica, como órgano estatal, publique en medios de comunicación masivos, con recursos públicos, campos pagados a favor o en contra del tema objeto de la consulta en referéndum. Tampoco es permitido que dicha Casa de Enseñanza realice, en sus auditorios, conferencias que conlleven, tendenciosamente, a fines propagandísticos a favor o en contra de la consulta, salvo que se trate de actividades, foros o debates que sirvan exclusivamente para informar del tema según lo establecido en el artículo 24 supra trascrito.

En la forma expuesta, la independencia funcional y la plena capacidad jurídica que tiene la Universidad de Costa Rica para dictarse su gobierno y organización propia, según la garantía que le otorga el artículo 84 de la Constitución Política, no puede, bajo ninguna circunstancia, servir de motivo para ocultar o disimular un inadecuado control y utilización de recursos públicos. “

Dos caras de la misma moneda

Juan Carlos Tristán
Estudiante de Derecho, UCR.
Escritor asociado de Economía y Política

Días atrás nuestro gobierno acordó establecer relaciones diplomático-económicas con la República de China, con lo cual me fue imposible no cuestionarme sobre el alcance de dichos acuerdos en virtud del régimen comunista que impera en la nación de Oriente. Si bien China mantiene un discurso marxista-leninista con el fin de mantener la estructura de su único partido (comunista-dictatorial), en 2002 se acordó de manera acertada deshacerse de aquellas tendencias o conductas que impidieran u obstaculizaran el crecimiento económico del país, logrando realmente un desarrollo económico en dicha nación (cabe recalcar que no con ello deseo para Latino América los excesos del sistema Chino, pero es importante mencionar también que con dichas medidas ha aumentado el desarrollo económico y disminuido a pasos agigantados el índice de pobreza). En dicha república comunista ya el 60 por ciento de la economía esta en manos privadas, y va en crecimiento, siendo esa apertura la principal herramienta del desarrollo económico.

De inmediato paso entonces a analizar las estructuras socio-político-económicas que impulsan entre otros, los Presidentes Chávez, Morales, Castro, Ortega, y que lamentablemente en Costa Rica, los grupos del “NO” parecen defender y hasta apoyar, me refiero a aquellos que se refugian en un trasnochado y pseudorevolucionario discurso comunista, y al contrario de lo que sucede en China, denuncian el capitalismo y ahuyentan las inversiones.

Si es el caso de que lamentablemente los grupos del NO, desean seguir los pasos de aquellos Estados dictatoriales comunistas, lo hagan al menos de aquellos que han sabido entrar al desarrollo y la globalización, y es que únicamente aumentando la captación de inversiones se puede lograr un crecimiento económico a largo plazo, creando mas y mejores opciones de empleo, y con ello detener el lamentable “boom” Latinoamericano que nos involucra cada día mas en el circulo de la pobreza, desigualdad, frustración, y populismo.

En pleno siglo XXI, es irrelevante la tendencia ideologico-politica, ya lo vimos con el caso recién expuesto de China, es cuestión de poder llevar a cabo un proceso de modernización. Vemos con ello, que en la actualidad, y espero que cada día sea un poco mas, las ideológicas políticas de las Naciones pueden llegar a ser un tema irrelevante, tomando en cuenta la existencia de países, tanto comunistas, socialistas, como capitalistas, logrando un crecimiento económico de la mano con la reducción de la pobreza, y hay otros (que lamentablemente en nuestro país hay quienes tratan de imitar) que se empeñan en mantener y defender modos de gobierno con estructuras político-económicas que continúan fracasando en la actualidad.

Según cifras oficiales, China después de su apertura logro apartar a 250 millones de personas de la pobreza, y recibe de inversión extranjera 70.000 millones de dólares anuales, y aquí hay quienes continúan pensando en el ALBA. Por eso ahora, mas que ahogarnos en una trillada discusión sobre el libre comercio con Estados Unidos, deberíamos empezar a pensar mas allá, y ver el beneficio que independientemente de nuestra concepción ideológica, tendremos al insertarnos en el mercado mundial, ser competitivos, fomentar la inversión extranjera, modernizarnos y buscar un crecimiento y desarrollo económico.

Vemos a China en su constante desarrollo y apertura al mundo, y por otra parte vemos a una Venezuela (que en los primeros 5 años de Gobierno de Chávez, aumentó la pobreza de un 43 a un 53 por ciento) y a Cuba (con uno de los ingresos per cápita mas bajos de América) cerrándole las puertas a gran parte del mercado mundial, y es ahí donde les pregunto ¿Que país queremos?, un país “capta capitales” o un país “espanta capitales”. En octubre todos tendremos la decisión en nuestras manos, y como dicen “no importa de que color sea el gato, lo que importa es que cace ratones”.

Autonomía y sus ¿limites?

Juan Carlos Tristán
Estudiante de derecho, UCR.
Escritor asociado de Economía y Política.

A raíz del reciente Campo Pagado por las Autoridades Universitarias de la UCR publicado en pagina completa de La Nación el pasado 31 de julio (pag. 29A), me alarma el desacato de dicho centro educativo ante la prohibición expresa para la Universidad de pautar en medios de comunicación masiva, según la resolución 1617-E-2007 del TSE, al igual que se permitió el pasado 21 de julio actividades de partidarios del No en la Sede Deportiva de la Universidad, también en contradicción a lo dicho en la resolución recién mencionada.

Mas allá de la discusión sobre el acato o no por parte de la UCR a dicha resolución, me interesé en discutir el alcance la Autonomía Universitaria que alegan las autoridades de dicho centro de educación superior en el mencionado campo pagado, siendo que se escudan en la autonomía para realizar proselitismo y continuar con el adoctrinamiento hacia el NO en las aulas.

Partiendo de que la Universidad alimenta su presupuesto con los impuestos pagados por todos los ciudadanos, es decir que los fondos que recibe la UCR por parte del erario público y su utilización igualmente pública, hace que dichos fondos tengan la connotación jurídica de fondos públicos.

Equívocamente la rectora de la UCR, Yamileth González, y las ocurrentes y no mas acertadas manifestaciones del señor Eugenio Trejos (su homologo del TEC), nos han hecho pensar que la Autonomía Universitaria aísla a los centros de enseñanza publica superior del ordenamiento y los desliga del mismo, incluyendo en esta errónea interpretación de autonomía, el control de la legalidad en el uso de los fondos Universitarios, cayendo así en una interpretación abusiva del concepto de autonomía, y contribuyendo a la información tendenciosa que se brinda al estudiantado.

Mas aun, si regresamos a revisar la voluntad del Constituyente de 1949, vemos que el Sr. Rodrigo Facio dijo: “la independencia en el sentido de desligamiento completo no existe en el régimen de las autonomías, ni podría existir”. Asimismo con respecto a la utilización de Fondos Públicos el legislador constituyente, a pesar de otorgarle a la Universidad autonomía económica dijo que esto no significa que como institución pública que es, no deba dar cuentas del uso que hace de los recursos públicos que le son trasladados, sino que lo que se hace es determinarles un destino específico: la educación superior universitaria, lo cual parece que lamentablemente han confundido con el adoctrinamiento y politiquería en las aulas y fuera de ellas.

Tal y como en su momento lo menciono el Dr. Eduardo Ortiz Ortiz, “La autonomía universitaria, en sus componentes políticos, organizativos, de índole administrativa y reglamentarios se refiere a la materia u objeto de ella: lo académico. Este último concepto se convierte en su límite y marca su dominio en lo relativo a la enseñanza, la investigación y su acción social”. Lo cual parece que las autoridades universitarias han olvidado, precisamente su objeto, la educación.

La Autonomía Universitaria es valida en sus tres manifestaciones: docente, administrativa y económica, y aplica plena y únicamente a las funciones que hayan sido puestas bajo la competencia universitaria, es decir la Universidad no es autónoma frente al Estado en todas aquellas materias extrañas o diferentes a su especialidad funcional o sustantiva. Por tanto para efectos de utilizar fondos públicos para difundir información en contra del tratado se encuentra más allá de los alcances de la autonomía universitaria.

En documento preparado con fecha de febrero de 2007, por la Contraloría Universitaria denominado “La Autonomía Universitaria, sus Alcances y Limites” concluye que la autonomía es un grado de libertad no absoluta sino que está limitada por el ordenamiento jurídico. Este último concepto se convierte en su límite y marca su dominio en lo relativo a la enseñanza, la investigación y su acción social.” Por tanto deja claro que emitir información parcializada en contra del TLC como ya ha sido denunciado en múltiples ocasiones va más allá del alcance de la Autonomía Universitaria.

Se nos está haciendo tarde….

Juan Carlos Tristán
Estudiante de Derecho, UCR

No dejo de asombrarme del absurdo que comete día tras día el Señor Daniel Ortega, y lo que sucede es que mi pensamiento que en algún momento fue inocente ya no logra analizar de la misma manera el discurso del detractor o amante del TLC con los Estados Unidos, el Sr. Ortega.
Por una parte vemos que desde el día primero de abril del año anterior, el TLC con Estados Unidos entró a regir en Nicaragua la propaganda oficial en dicho país con respecto al tratado comercial afirmaba “un puente hacia el futuro”. Vemos también cómo representantes de Inversiones ProNicaragua, adscrita a la Presidencia de la República de Nicaragua, vienen al país a promover que las empresas instaladas en Costa Rica emigren hacia nuestro vecino del norte para aprovechar así el libre comercio y las enormes ventajas comparativas (reales) que tienen sobre nosotros los ticos a raíz de la ya entrada en vigencia del TLC (ProNicaragua es una agencia financiada con recursos del Estado y donaciones internacionales que el año pasado atrajo $250 millones en inversión extranjera, lo cual no es nada inocente…).
Por otra parte, en su debido momento ni el presidente Ortega ni su partido mostraron oposición al TLC en Nicaragua, esa es la cara del Presidente, que dejando atrás sus inclinaciones ideológicas y un trasnochado discurso comunista, abre sus puertas al comercio internacional e inversión extranjera en procura de levantar al país bajo su mando, encaminándolo por el camino de la globalización y apertura a mercados internacionales. De igual forma, veo la vieja cara conocida de Ortega que participó el pasado 29 de abril junto con Hugo Chávez, Evo Morales, y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, en el marco de la cumbre de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA). En la cual, por medio de la “Declaración del Tintorero”, acuerdan incentivar y participar en la lucha contra el TLC en Costa Rica, de la mano con la aceptación del discurso de Chávez por la lucha contra los tratados de libre comercio con EE. UU.; proponiendo el Tratado de Comercio de los Pueblos, de acuerdo a los principios establecidos en el ALBA como vía para lograr el crecimiento de la región y como instrumentos de liberación y emancipación de los pueblos de América Latina y el Caribe frente a lo que ellos llaman imperialismo norteamericano.
Sigo sin entender…., y es ahí donde me preocupo y cuestiono, ¿No será que el señor Ortega esta consciente de todos los beneficios que trae el TLC para la región, y pretende dejarnos por fuera para poder abarcar en su país las empresas que se encuentran actualmente en el nuestro? ¿Por qué no se opuso en su país al TLC, y si acuerda apoyar la campaña del “No” en el nuestro? ¿Porqué vienen personeros de ProNicaragua a exponerle a empresarios de nuestro país los beneficios del TLC, y por ello los beneficios y ventajas comparativas de Nicaragua con respecto al comercio libre de aranceles con EE.UU, siendo que es tan malo como lo afirman en acuerdos del ALBA?.
El principal problema es que así como el Presidente Ortega nos presenta su doble discurso para entrar a competir por las empresas localizadas en Costa Rica, asimismo (quizás sin esas contradicciones) los demás estados partícipes del DR-CAFTA, vendrán a nuestro país en procura de llevar empresas a sus países, lo cual es un comportamiento entendible, y a su ves preocupante, porque efectivamente estamos en una posición de desventaja frente a las facilidades arancelarias ofrecidas por los otros Estados parte del acuerdo comercial lo cual implicaría la partida de muchas de esas compañías hacia países vecinos, por ende sin TLC se irán las empresas del país, no es un invento es una realidad, entonces ¿Qué estaremos esperando?.

¿Traición a la Patria o Protección al Estado Democrático?

Juan Carlos Tristán Rodríguez
Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica

En mi condición de estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y de joven amante del Estado Social de Derecho y el Estado Democrático del cual gozamos, me siento preocupado por el futuro de nuestro País. A raíz de ello me permito expresar los siguientes comentarios sobre diversos temas que son de mi preocupación, y deben llamar la atención del resto de la Ciudadanía Costarricense. Para lo anterior cito los siguientes artículos de nuestra Carta Magna, art. 1 “Costa Rica es una República libre, democrática…”, art. 2 “La soberanía reside exclusivamente en la Nación”, art. 3 “Nadie puede arrogarse la soberanía, el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la patria”, y por último el art. 4 “Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición”. El termino sedición, el cual apareció en la era Isabelina en 1590 se refiere al hecho de incitar el desafecto hacia el Estado. En la actualidad lo podemos definir como las conductas de una persona o grupo de personas estimadas como motivo de insurrección contra el orden constitucional de un Estado, es decir una generación de conmoción, e incitación a resistirse ante la autoridad. Por otra parte, el sobreponer los intereses políticos personales sobre los intereses del Estado, es entre otras, una de las características del también delito de Traición a la Patria. El motivo que me ha incitado a escribir este artículo, es la preocupación, y temor por los hechos tan importantes sucedidos días atrás, siendo que detrás de las marchas, paros, bloqueos y demás, hay un espíritu visiblemente subversivo, el cual es nuestra responsabilidad analizarlo a profundidad, y no simplemente dejarlo pasar. Al alcance de todos los Costarricenses, en la página Web www.anep.go.cr, se encuentra publicado un artículo del señor Albino Vargas, titulado “Primeras conclusiones de la marcha del 26”, en dicho escrito, parte quinta, el señor Vargas dice textualmente lo siguiente (lo resaltado es mío) “Ya no hay espacio para más marchas. La única marcha por hacer será aquella que selle la victoria ciudadana en esta cruzada heroica contra el TLC entreguista de los vendepatria….La Ciudadanía debe levantarse de costa a costa, de frontera a frontera, en acción profunda, ha llegado el momento oportuno…”. Creo que ha quedado suficientemente claro, saquen sus propias conclusiones….
Más allá de cualquier comentario con respecto al TLC, nosotros los jóvenes no podemos permitir que una clara minoría esté cometiendo transgresiones a la Patria. Tampoco podemos permitir que estén batallando contra nuestra democracia, paz social e institucionalidad que tanto nos han reconocido a nivel mundial. Estos grupos deben de darse cuenta que el pueblo costarricense por medio del sufragio, secreto y libre en unas elecciones limpias y democráticas delegó su poder y representación en manos de los señores Legisladores quienes en este momento estoy convencido tomarán la mejor decisión para los costarricenses. Señores, no es justo que intenten tirar abajo una Costa Rica pacífica, democrática, libre e independiente, por favor respeten; sino es por ustedes, al menos por nosotros los jóvenes, por la institucionalidad, por la democracia y por el Estado Social de Derecho en el cual la mayoría de los Costarricenses queremos seguir viviendo. La democracia no está en las calles, sino que estuvo en las urnas hace poco más de un año, y la vemos representada en la Asamblea Legislativa día tras día.

Intervención y grupos del “no”

Juan Carlos Tristán
Tomado de La Nación

Según el Derecho Internacional Público, la soberanía de los estados es la principal característica de la escena política mundial en los últimos siglos y componente principal de dichos estados. Por definición, soberanía denota la exclusión completa de los estados en los asuntos internos de otros. El intervencionismo por parte de Estados en los asuntos que vulneren la soberanía de otro se ha considerado siempre como un acto hostil e inaceptable según la comunidad internacional.
En 1992, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sugirió cuatro condiciones en las que el intervencionismo sería lícito: genocidio, amenaza de desastre ecológico importante, incumplimiento grave de los tratados de no proliferación nuclear y amenazas a la paz y seguridad.Contrario sensu, cualquier otra razón invocada para intervenir la política interna de un estado será claramente ilegítima. Aquella intervención no belicosa, pero sí “diplomática”, que procure interferir y menoscabar el orden constitucional y institucional de un estado con el fin de modificar su forma de gobierno, pasando por encima a la soberanía nacional de dicho Estado, y siempre que no se encuentre una de las situaciones de excepción ya mencionadas, es una intervención repudiada por la comunidad internacional.
Acuerdo de intromisión. Días atrás se celebró en Venezuela la reunión de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que contó con la presencia de los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales, y Daniel Ortega, junto con la sorpresiva representación de Costa Rica por parte del diputado José Merino del Río. En la misma se logró un resonado acuerdo de apoyar las campañas, movilizaciones y demás acciones para fortalecer el rechazo del TLC en Costa Rica. Se acordó entrometerse en el orden social, institucional, y político de nuestro país con el fin de fortalecer a los grupos del “no”.
A raíz de lo anterior, me permito realizar dos cuestionamientos. Primero: ¿Cuál será (en caso de que existiere) la legitimación del señor Merino del Río para arrogarse la representación del pueblo en su condición de diputado de la Asamblea Legislativa, para hacer solicitudes de intervención o intromisión a nuestro orden político en nombre del pueblo (recordando y resaltando el texto de los artículos 2,3 y 4 de nuestra Carta Magna)? Segundo: ¿No va esto en contra de la tan defendida “soberanía” por parte de las minorías contrarias al TLC, o será que se trata de un doble discurso?
Violación a la soberanía. Los detractores del TLC han manifestado que, por medio del TLC, perderemos la soberanía sobre nuestra nación, argumento ya rebatido en el sentido de que las políticas económicas que aborda dicho tratado fomentan el libre comercio y no atentan contra la soberanía. Viendo la soberanía como la autoridad que posee un grupo de personas (Gobierno en representación del pueblo, recordando que la soberanía reside únicamente en la nación, en nosotros los costarricenses) con derecho a tomar decisiones y a resolver conflictos en el seno de una organización política indudablemente interna. Me parece claro el concepto, y más clara aún la forma en que el acuerdo del ALBA representa un clarísimo caso de violación a la soberanía costarricense.
Entonces, pregunto a los grupos del “no” (como me permito llamarles por su negativa ante todo): ¿como alegan que el TLC va contra la soberanía si ustedes mismos suscriben y apoyan acuerdos paralelos con el ALBA para que se entrometan e intervengan en aspectos políticos y sociales de nuestro país? ¿No será ese el caso mas claro de violación a la soberanía de un país y, más triste aún, no será ese un llamado y una invitación a otros Gobiernos para que menoscaben nuestra soberanía?
El 1.° de mayo pasado, las banderas de la República Bolivariana de Venezuela (portadas por los grupos del “no”) se exhibían en nuestras calles por encima de las nuestras, los niños portaban broches con la leyenda “Venezuela es nuestro amigo, no al TLC”, y es entonces cuando, por último, vuelvo a preguntar: ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde nos quieren llevar con esos disfraces portadores de un marcado doble discurso y, por qué no, también cargados de una doble moral? Es hora de buscar explicaciones e ir atando cabos…