La verdad sobre los pirata de Placa Cocos
EyP
Roberto J. Gallardo N.
Escritor invitado Economía y Política
Tomado de www.roberto-gallardo.blogspot.com
Miguel Martí
Periodista y consultor en comunicación
Tomado de La Nación
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los líderes europeos, escuchando el clamor de sus pueblos, hicieron la firme promesa de que no habría una tercera guerra en Europa.
Pero ¿cómo hacer para evitar que naciones y pueblos que eran enemigos desde hacía siglos aprendieran a vivir en paz y, además, promovieran la justicia?
La respuesta fue el comercio, aunado a la democracia y la mejora social.
Decidieron que, si sus economías se hacían interdependientes, paulatinamente irían desapareciendo las razones que los empujaban a la guerra y serían sustituidas por razones que los empujarían a la paz. Además, crearían mayor riqueza para promover el bienestar y la justicia.
Unión Europea. Fue así como nació la Comunidad del Carbón y del Acero, que evolucionaría y crecería hasta ser la actual Unión Europea. Ya pasaron más de 60 años. Europa ha evitado otra guerra generalizada.
Por ese camino transita ahora el mundo. Por aquí ha transitado, en parte, Costa Rica. Pero aún nos falta camino por recorrer, dentro y fuera del país.
La República Popular China y Estados Unidos se consideraban mutuamente adversarios, hasta que en la década de los 70 decidieron impulsar el comercio entre ambas naciones. Hoy día, aunque persisten diferencias, son más socios comerciales que enemigos y, sobre la base de intereses compartidos, pueden avanzar más y mejor para construir una relación pacífica.
Al día de hoy existen más de 1.000 tratados de libre comercio o de protección de inversiones firmados entre los más diversos países del mundo. Cuanto más comercio, más bienestar para todos, más intereses compartidos, más entendimiento mutuo y, por ende, más respeto y tolerancia por las diferencias. Cuanto más comercio, mejores oportunidades para la paz, el progreso, la justicia y la equidad.
Estrategia exitosa. Y si el comercio ayuda a la paz entre las naciones, con más razón debe hacerlo internamente en ellas. ¿Qué sentido tiene generar riqueza si con ella no se beneficia la mayoría? Ya lo dijo un visionario empresario suizo: no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas.
Nuestro gran reto consiste en dejar atrás la mentalidad excluyente que separa el mundo en disyuntivas. Necesitamos tanto del mercado como del Estado, del empresario como del sindicalista, de la iniciativa individual y de la regulación inteligente.
Necesitamos una estrategia económica exitosa. Ya la tenemos desde hace 25 años. El TLC la consolida y la fortalece. Necesitamos también una estrategia social exitosa. La tuvimos, pero se ha deteriorado. Entre todos tendremos que reconstruirla.
Mantengamos la estrategia económica, cuyos resultados demuestran que sí funciona, y arreglemos con urgencia lo que debe ser arreglado: los temas de justicia, equidad y promoción del bienestar para la mayoría.
¡Sí al TLC, en un país inclusivo y en paz!
EyP
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Roberto Gallardo
Amparo Pacheco
Viceministra de Comerico Exterior
Tomado de La Nación
Nuevamente, el cineasta Pablo Ortega pone a disposición del público, a través de Internet, un documental titulado Los piratas de la placa Cocos, esta vez apoyado por las opiniones de los biólogos Guillermo Quirós y Manuel María Murillo, y el abogado Jorge Enrique Romero. El anterior fue el documental Costa Rica S. A. , que comenté (La Nación , 03/06) con el título Un documental engañoso, en que argumenté por qué estimaba que distorsionaba la realidad y se basaba en afirmaciones infundadas.
Es esta oportunidad, hizo un documental que por varios minutos alimenta nuestro orgullo nacional, por las grandes riquezas que tenemos en nuestros mares, y, luego, partiendo de premisas equivocadas, llega a la errónea e incendiaria conclusión de que en el TLC República Dominicana-Centroamérica-EE. UU. se entrega la soberanía de nuestros espacios marítimos.
Aclaro el origen de los errores u horrores de este documental:
1. Supone que el TLC es un tratado de límites, que viene a sustituir lo que nuestra Constitución y los acuerdos internacionales dicen al respecto. No es así.
2. Ignora que la definición de territorio de Costa Rica en el TLC termina diciendo “conforme al Derecho Internacional y a su Derecho Interno”, lo que viene a reforzar lo dicho en el punto anterior y a eliminar cualquier duda o preocupación sobre la definición.
3. No tiene en cuenta que la definición de territorio de EE. UU., que tanto le preocupa, es la misma que ha usado este país en sus otros acuerdos (por ej.: con Australia, Singapur, Chile, Panamá, Perú, Colombia) y que en ninguno de esos otros acuerdos dichos países han entregando su soberanía sobre sus recursos marinos a EE. UU.
4. Considera, erróneamente, que si no se mencionan en el TLC todos los acuerdos internacionales de que Costa Rica es parte, como la Convención sobre el Derecho del Mar, estos quedan derogados. Tanto antes como después del TLC, todos los acuerdos internacionales suscritos por el país forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, estén o no mencionados en el acuerdo comercial.
5. Parte de la premisa de que el TLC deroga toda la legislación interna. El hecho de que el TLC tenga un rango superior a las leyes nacionales significa que ni Costa Rica ni ningún otro país –incluido Estados Unidos– puede aprobar leyes nacionales que contradigan lo negociado en el TLC, pero no hace desaparecer nuestra legislación nacional; el TLC no deroga nuestras leyes, sino que convive con ellas.
6. Ignora que el tema de las concesiones estatales para la explotación de recursos naturales, aun con TLC, seguirá estando regulado por nuestra legislación nacional.
Considero muy preocupante que, a las puertas de una decisión importante, como es el referéndum sobre el TLC, se estén ventilando argumentos e interpretaciones erróneas sobre temas tan sensibles para todos los costarricenses.
EyP
Roberto J. Gallardo N.
Escritor invitado Economía y Política
Tomado de www.roberto-gallardo.blogspot.com
Con toda la razón los opositores del TLC se han quejado sobre la injerencia del embajador estadounidense en los asuntos internos de Costa Rica, tomando posición a favor del tratado. Pero ahora resulta que para avanzar la causa del No el PAC, el mismo que anuncia que desconocerá el resultado de la votación del 7 de octubre, se trajo a dos congresistas gringos para que hagan lo mismo que ha venido haciendo el embajador estadounidense, pero a favor del "No". Aquellos son gringos buenos, este un gringo malo.
Aquí hay que decir algunas cosas. Primero, parece muy ingenuo -y hasta irreponsable- creer que dos congresistas puedan hablar con propiedad y seguridad de lo que piensan los otros 99 senadores y los otros 434 representantes que conforman el Congreso estadounidense, sobre todo si dentro de un año la configuración de ese congreso puede cambiar dramáticamente, cuando se elijan todos los miembros de la Cámara baja y un tercio del Senado. ¿Pueden estos gringos buenos asegurar que nada cambiará?
Segundo, ¿qué tienen que perder estos gringos buenos si sus predicciones no son correctas? Nada. Por eso pueden darse el lujo de venir y decir lo que quieran. Si el país no ratifica el tratado y los poderosos lobbys estadounidenses se mueven para sacar al país de la Iniciativa de de la Cuenca del Caribe, ¿pondrían en peligro sus puestos en el Senado y la Cámara de Representantes estos gringos buenos oponiéndose a estos grupos que son los que financian sus campañas y la de sus candidatos presidenciales? En la coyuntura política que enfrentará Estados Unidos en los próximos meses quién tendrá mas peso, ¿los textileros de Carolina del Norte interesados en bloquear la competencia costarricense y capaz de donar millones de dólares a las campañas políticas, o Costa Rica? Solo hace falta un poco de sentido común para darse cuenta. No se trata de justicia o equidad. Se trata de la realidad política de un país que como Estados Unidos se encamina a una contiena electoral cerrada en la que el apoyo de los grupos organizados es fundamental. Ante esta realidad, la influencia del país será muy limitada.
Y finalmente, ninguno de los gringos buenos asguró que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe sea eterna. Lo que dijeron es que no hay ambiente para su derogación en el Congreso. Tal vez no en este, pero no pueden hablar del que venga. Pero en el fondo nada cambia: la ICC sigue siendo una concesión unilateral susceptible a ser derogada. Hoy, mañana, dentro de tres meses o tres años, estaríamos a expensas de los gringos, malos y buenos. ¿Estamos dispuestos a apostar nuestro futuro a la corazonada de dos gringos, por más que se nos quiera hacer creer que son buenos? Yo por lo menos, a eso sí le digo NO.
Roberto J. Gallardo
Escritor invitado de EyP
Tomado de El Financiero
Para contestar la pregunta del título, es necesario hacer algunas consideraciones preliminares. La expresión “reforma del Estado” se comenzó a escuchar en el país a principios de la década de los ochentas, y fueron algunas instituciones financieras internacionales quienes introdujeron el término en el vocabulario político costarricense.
Pero como es común con este tipo de conceptos, su interpretación desde ópticas ideológicas diferentes resulta en programas de reforma distintos. Por ser la visión que esas instituciones impulsaron, y porque durante mucho tiempo solo se habló del tema con este sentido, la mayor parte de la población asocia la reforma del Estado con “desmantelamiento del Estado”. Pero el tiempo de ese paradigma ha pasado, como lo admiten las mismas instituciones que lo impulsaron y es momento de acometer la reforma desde otra óptica.
¿Cuál es el objetivo de un proceso de reforma del Estado? Aunque parezca obvio decirlo: hacer más eficientes las instituciones estatales.
Pero, y aquí empiezan a perfilarse las diferencias con respecto al pensamiento anterior, no se trata de una eficiencia en función de un equilibrio macroeconómico, sino de los servicios que se brindan, de lo que los ciudadanos reciben del Estado, no como un concepto sino como una realidad cotidiana.
Se trata de examinar las áreas en donde se produce una interacción entre las personas y el aparato estatal y buscar formas para hacer más fluida, transparente y eficaz esa interacción.
Definida así, debe ser un cúmulo de reformas, tanto en el ámbito de lo cotidiano, como en el plano de las cambios institucionales a gran escala. Es bajo esta premisa que se ha organizado el trabajo de la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (Ceare), instancia conformada por Kevin Casas, segundo vicepresidente y ministro de Planificación, para que asuma un papel consultivo en esta materia.
La Ceare cuenta con 18 meses para ejecutar su labor, dividido este plazo en dos etapas. En una primera fase, hasta febrero del próximo año, se dedicará al análisis y discusión de medidas de reforma que sean potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, con el objetivo de que una vez finalizada esta etapa, el Gobierno cuente con una serie de acciones que pueda adoptar en el inmediato, corto y mediano plazo.
En una segunda etapa, la Comisión se abocará al análisis y discusión de aquellos temas cuyas medidas requieran el aporte y concurso de otros Poderes del Estado u otras instancias fuera del Gobierno Central.
En este ciclo es que se discutirán algunos de los grandes temas como los relacionados con el control de la gestión pública, la organización de la administración, y la transparencia y rendición de cuentas, por citar algunos.
Como es evidente, los temas aquí son más complejos, por lo que el proceso de consolidación y ejecución de las reformas es mucho más prolongado y sin duda excede el plazo de vigencia de la Ceare.
Esta delimitación de los ámbitos de la discusión tiene como propósito asegurarse de que el trabajo de la Comisión se materialice en el menor plazo posible, sin abandonar los grandes temas que sin duda deben ser discutidos.
Si la Ceare logra sugerir medidas que puedan adoptarse en el inmediato, corto y mediano plazo por parte del Poder Ejecutivo, y dejar planteadas iniciativas acerca de los grandes tópicos en el tema que puedan ser base para amplios acuerdos parlamentarios y la adopción de políticas públicas en un plazo de tiempo razonable, quedará claro que, entendida de esta manera, la reforma del Estado no solo es perfectamente posible sino además imprescindible.
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