¿Es posible la reforma del Estado?

Roberto J. Gallardo
Escritor invitado de EyP
Tomado de El Financiero

Para contestar la pregunta del título, es necesario hacer algunas consideraciones preliminares. La expresión “reforma del Estado” se comenzó a escuchar en el país a principios de la década de los ochentas, y fueron algunas instituciones financieras internacionales quienes introdujeron el término en el vocabulario político costarricense.

Pero como es común con este tipo de conceptos, su interpretación desde ópticas ideológicas diferentes resulta en programas de reforma distintos. Por ser la visión que esas instituciones impulsaron, y porque durante mucho tiempo solo se habló del tema con este sentido, la mayor parte de la población asocia la reforma del Estado con “desmantelamiento del Estado”. Pero el tiempo de ese paradigma ha pasado, como lo admiten las mismas instituciones que lo impulsaron y es momento de acometer la reforma desde otra óptica.

¿Cuál es el objetivo de un proceso de reforma del Estado? Aunque parezca obvio decirlo: hacer más eficientes las instituciones estatales.

Pero, y aquí empiezan a perfilarse las diferencias con respecto al pensamiento anterior, no se trata de una eficiencia en función de un equilibrio macroeconómico, sino de los servicios que se brindan, de lo que los ciudadanos reciben del Estado, no como un concepto sino como una realidad cotidiana.

Se trata de examinar las áreas en donde se produce una interacción entre las personas y el aparato estatal y buscar formas para hacer más fluida, transparente y eficaz esa interacción.

Definida así, debe ser un cúmulo de reformas, tanto en el ámbito de lo cotidiano, como en el plano de las cambios institucionales a gran escala. Es bajo esta premisa que se ha organizado el trabajo de la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (Ceare), instancia conformada por Kevin Casas, segundo vicepresidente y ministro de Planificación, para que asuma un papel consultivo en esta materia.

La Ceare cuenta con 18 meses para ejecutar su labor, dividido este plazo en dos etapas. En una primera fase, hasta febrero del próximo año, se dedicará al análisis y discusión de medidas de reforma que sean potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, con el objetivo de que una vez finalizada esta etapa, el Gobierno cuente con una serie de acciones que pueda adoptar en el inmediato, corto y mediano plazo.

En una segunda etapa, la Comisión se abocará al análisis y discusión de aquellos temas cuyas medidas requieran el aporte y concurso de otros Poderes del Estado u otras instancias fuera del Gobierno Central.

En este ciclo es que se discutirán algunos de los grandes temas como los relacionados con el control de la gestión pública, la organización de la administración, y la transparencia y rendición de cuentas, por citar algunos.

Como es evidente, los temas aquí son más complejos, por lo que el proceso de consolidación y ejecución de las reformas es mucho más prolongado y sin duda excede el plazo de vigencia de la Ceare.

Esta delimitación de los ámbitos de la discusión tiene como propósito asegurarse de que el trabajo de la Comisión se materialice en el menor plazo posible, sin abandonar los grandes temas que sin duda deben ser discutidos.

Si la Ceare logra sugerir medidas que puedan adoptarse en el inmediato, corto y mediano plazo por parte del Poder Ejecutivo, y dejar planteadas iniciativas acerca de los grandes tópicos en el tema que puedan ser base para amplios acuerdos parlamentarios y la adopción de políticas públicas en un plazo de tiempo razonable, quedará claro que, entendida de esta manera, la reforma del Estado no solo es perfectamente posible sino además imprescindible.